Trabajo Rastrea Los Locales Que Ofrecen Conciertos En Busca De Músicos ´Ilegales´

­Pedro tiene 19 años. Estudia Administración y Dirección de Empresas y le vuelven loco los riffs de guitarra de Keith Richards. Sus padres le regalaron una Telecaster mexicana por Navidad y desde hace dos meses ensaya junto a Alberto, Joaquín y Andrés en un trastero de un garaje. Repiten una y otra vez las canciones que más les gustan de los Stones, Satifaction, Jumpin´ Jack Flash, Brown sugar..., y también se atreven con el Take me out de Franz Ferdinand. Los cuatro arden en deseos de reunir la suficiente soltura para poder tocar delante de sus amigos en algún bar del centro, algo que no les será tan sencillo, puesto que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha comenzado a ejercer un férreo control sobre los locales que ofrecen música en directo, a los que instan a regularizar la situación laboral de los músicos. Las exigencias del Ministerio de Trabajo ofrece dos caminos: contratar a los integrantes de las bandas en el régimen general, lo que supone el pago de unos 20 euros en seguros sociales por músico y actuación para la sala, o bien que cada uno de los músicos afronte el pago mensual de la cuota de autónomo, unos 256 euros.
Bares y salas malagueñas como La Trinchera, Velvet Club, ZZ Pub, París 15 e incluso el lujoso hotel Don Carlos de Marbella, por citar algunas, han recibido la visita en los últimos meses de inspectores de trabajo que reclaman la regularización de la actividad que ejercen los músicos, que en su mayoría son amateurs, como Pedro y sus compañeros de grupo.
Tanto los artistas como los propietarios de los locales saben que la lucha contra la economía irregular es una prioridad del Gobierno, pero se resisten a creer que la solución con la que conciliar la oferta de música en directo con la legalidad fiscal sea tan desproporcionada. «No estoy en contra de que se regulen los conciertos. De hecho, quiero que se haga, pero habría que diferenciar entre el músico profesional y el amateur y entender que no es lo mismo llenar un estadio que un bar», recalca Dani, dueño del Drunk-O-Rama y promotor del concierto cancelado el pasado sábado en Velvet Club tras la visita sorpresa del inspector. Lo mismo opina Javier Ojeda, que incluso se atreve a afirmar que, tal y como está estructurada la ley, «la única manera de hacer música en directo en los bares es de forma ilegal»: «Las leyes deberían ser mucho más flexibles, sobre todo con un gremio tan machacado como el nuestro». El cantante de Danza Invisible, que también lamenta el papeleo que le lleva contratar a cada músico y cada técnico que le acompaña en sus actuaciones, entiende que la música es para muchos «un calvario mal pagado» que no genera una economía sumergida a tener en cuenta: «Quizá deberían estar más atentos de otras profesiones, como la de banquero, y hacer que las leyes sean realmente iguales para todos», matiza.
Juan Diego, uno de los responsables del citado Velvet Club, critica por su parte que la Seguridad Social trate por igual al músico profesional y al que no lo es, por lo que reclama «una legislación en España equiparable a la que existe en Europa». Las consecuencias de no estar al día en estas cuestiones supone la apertura de un expediente sancionador al local y al artista. Y las multas oscilan entre los 3.000 y los 187.000 euros. Los inspectores de Trabajo, además, acuden a los locales los fines de semana, sin importar que sea día festivo, y a altas horas de la noche. Y suelen ir acompañados de la Policía para evitar conflictos. Loren, de ZZ Pub, considera «un despropósito» las cantidades que se exigen para revertir esta situación irregular y lamenta que esto «dificulte la supervivencia de la música en directo», puesto que considera que «a ninguna banda le sale rentable constituirse en empresa o pagar la cuota de autónomo si no va a llegar a facturar más de 250 euros al mes». Lo mismo piensan muchos músicos sobre la contratación por parte de los locales: «Si un bar tiene que dar de alta a los 4 ó 5 tíos del grupo y además pagarles un caché, la ruina está asegurada», remarca Fran Pacheco, de Mama Kin. Rafa Insausti, de Dry Martina y Free Soul Band, sostiene que «los músicos están locos por contribuir y pagar impuestos como todos, pero no en las condiciones existentes», puesto que, matiza, «no facturan lo suficiente». «Si pagas casi un 40% de impuesto, más el alquiler del local de ensayo, el instrumento y los desplazamientos, de qué vive una banda», se pregunta. Este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Alfonso Conejo Heredia, para conocer los detalles de esta actuación que mantiene muy preocupados tanto a los músicos malagueños como a los amantes de la música en vivo.